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Porque cuando las guerras terminan, muchos niños sobreviven,..... pero ¿cómo?

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VILLAS MISERIA

Por Eduardo Blaustein

Parte 3.

Banda en fuga y libro azul.

   Año 2001, el de la Odisea en el Espacio. Luna esquina Iriarte, en Barracas. La villa 21-24 sigue ahí. Hay galpones y una canchita en frente de la villa, donde está la parada del 70. Pasando Montesquieu, en un paredón grande, la gente hizo un mural con una leyenda: “Cuidemos el barrio”. No hay un cambio súbito en la fisonomía de los frentes, en Iriarte al 3500, cuando Barracas se hace villa. Es un cambio más sutil, que no necesita de la intervención de muros aisladores. Todo el frente de la villa a lo largo de la avenida es un sucesión de boliches angostos y a lo largo de la vereda coches y camionetas medianamente ruinosas, más un camión atmosférico que extiende sus mangueras de extracción. Entre las paredes de cada boliche desembocan los pasillos estrechos que vienen de los descampados internos. A cada salida de pasillo corresponde una zanja con su arroyo jabonoso y su pequeño puente de madera o cemento. Un perro grande se monta a una perra chica, quedaron abotonados. Ambos miran a todas partes. Los vecinos, a punto de intervenir, discuten con qué estrategia.

   Poco más allá está una posible entrada oficial al barrio, la construcción de la mutual Flor de Ceibo. Ese es el centro social y comunitario de la villa. Un par de mesas, algunas sillas, gente que entra y sale, el mate, el termo, las facturas que se ofrecen a la visita. En una lámina grande puesta sobre la pared dice “Plan de pago de tierras”. Hay varias opciones: desde las 24 cuotas de 72 pesos mensuales (más la cuota social) a las cuatro cuotas de 400. O, en su defecto, 1.600 pesos al contado, más la cuota social. Sobre otra pared, un despliegue de fotos que muestra de qué manera los villeros van construyendo sus casas. Lo hacen grupalmente, sin saber cuál casa le corresponderá a cada uno cuando finalicen, para asegurar sudores y esmeros equitativos.

   El Flaco Guillermo Villar, alto y pelilargo, antiguo jugador de San Lorenzo y de diversos equipos sudamericanos, es el referente de la mutual. Hace ya una considerable cantidad de años, el Flaco inventó en la villa una propaladora, es decir una radio a megáfono. Esa propaladora después se hizo FM comunitaria, la Sapucay, nudo de articulaciones varias. Alguna vez, allí mismo munido de su micrófono y gracias a la intermediación del periodista televisivo César Mascetti, el Flaco se produjo un notón: recibió en la radio al doctorazo Guillermo Jorge del Cioppo, el principal ejecutor del plan erradicador del Proceso, y lo sometió a riguroso interrogatorio. Dicen que lo hizo polvo. Pero esa FM no está más. Aparentemente, ciertas internas políticas en el barrio, cizañeadas desde afuera, derivaron en cierto triste final.

   La visita a la 21 no es sin embargo tanto para dar con el Flaco como para charlar con alguien más veterano, en edad e historia. Ese alguien es un hombre de unos sesenta y pico, alto, muy entero, con una gorra con visera. El tipo estaba en la entrada de la villa hace rato, hubo un mal entendido con los horarios. Está de mal humor.

   Sigue como rumiando su bronca, una vez adentro, y aunque comienza la ronda del mate. Parece que el Flaco, siempre sonriente, no le explicó del todo de qué se trata la historia, la de preparar este librito. Antes de testimoniar nada, dice el tipo, la Comisión Municipal de la Vivienda debería hacerse una autocrítica, y una autocrítica del tipo feroz. Habla duro y se expresa muy bien. Mira duro también, y larga esta frase:

   -Yo no sé si les aconsejaría a los compañeros de la villa conceder entrevistas a la Comisión Municipal de la Vivienda.

   Vuelve a reiterar lo del pedido de autocrítica. Levanta un dedo y agrega:

   -Institucional.

   El tipo viene de sufrir un castigo duro, durísimo, que viene de años. Está sentado firme sobre la mesa, y extiende unos brazos enormes y comienza a negarse terminantemente a testimoniar sobre nada. Mucho menos a presentarse como lider de nada. Aunque tampoco, añade, a minusvalorarse. Tal la literal expresión. El hombre sobre la silla emplea un discurso extraordinario, hecha sobre muchas experiencias y lecturas. Vuelve a aludir a la CMV, al origen de clase de sus funcionarios.

   -Me inquieta cómo se conciben ellos como institución.

   Es tal cual lo habían dicho otros antes que él, o como lo había resumido Cymes: para más de un sobreviviente de las villas, “La CMV es el enemigo”.

   Palabra va, palabra viene. De a poco el hombre afloja, se va enchamigando. Pero no deja de establecer pautas de negociación. Se lo ve bien curtido en la materia. Veremos, dice, si concede la entrevista. Los compañeros tendremos que reunirnos. Acepta finalmente una segunda cita, para dentro de un par de días. Lo hace a regañadientes. Comparte sí la idea de hacer memoria y dice:

   -Estamos entrenados para el olvido.

   El tipo, por supuesto, es el que dos días después exigirá no ser presentado con su nombre. Es el que firma sus escritos como Sobreviviente C.

El mal argentino.

   A partir de mediados de los ’60 la población villera del país comenzó a crecer a una tasa descomunal: el 15% anual. Durante años, y lo mismo a partir de la retirada del Proceso, el ritmo de crecimiento de la población villera en Capital estuvo por encima de la del promedio. En su conjunto, hacia 1973 los conglomerados villeros conformaban la cuarta ciudad argentina, aunque medianamente invisible, o al menos no siempre oficializada. Sólo en Capital y el Gran Buenos Aires  existían 400 mil villeros repartidos en 600 núcleos poblacionales.

   Cuando los militares ocuparon el poder, en marzo de 1976, en la ciudad de Buenos Aires vivían exactamente 224.885 villeros. Esa es al menos la cifra proporcionada por las propias autoridades militares, en la que incluyeron 9100 habitantes de seis Núcleos Habitacionales Transitorios y a otros 6930 que poblaban los barrios Rivadavia, García y Mitre. Como se explicó al relatar la historia de Magtara Feres, esos no eran “villas” -como pretendieron los militares- sino barrios construidos por el Banco Hipotecario.

Sus vecinos ya habían pagado o estaban pagando las respectivas cuotas, desde hacía años. De todas maneras la CMV rebautizó como “Villa 44” al barrio Rivadavia y planificó construir una playa de transferencia de cargas en el agujero que quedara.

   Hay buenas razones para creer que en más de un caso el forzamiento de la categoría “villa” obedeció lisa y llanamente a planes erradicadores detrás de los cuales se escondían interesantes negocios inmobiliarios. Un caso particularmente llamativo es el del barrio Coronel García, de Escalada y Roca, “compuesto por integrantes de la Policía Federal”, según reconocen los documentos de la CMV de entonces. Sin embargo, desde los escritorios del funcionariado, ese barrio de cien viviendas de material prensado, cruzado por calles y sendas peatonales, también se hizo “villa”.

   A la hora de estudiar las políticas urbanas del Proceso, el investigador y politólogo Oscar Oszlak es uno de los que más énfasis puso en subrayar la concepción global que tenía el gobierno militar. La concepción “del orden social que aspiraba instituir, del lugar que en el mismo se asignaba a los sectores populares, del papel estratégico que tenía la ocupación del espacio geográfico y de la distribución poblacional juzgada más conveniente a los fines de la ‘seguridad nacional’”.

   El razonamiento sigue así:

   “El fenómeno nuevo que se advierte en la política argentina después de 1976 es, precisamente, la subordinación de medidas aparentemente aisladas y puntuales, a grandes lineamientos de política que responden a un modelo de sociedad que poco tiene que ver con la experiencia previa del país”.

   El Proceso militar retomó una discusión histórica y legítima acerca de uno de los “males” estructurales del país: la de las grandes extensiones “vacías” dentro del territorio argentino, la del despoblamiento versus el sobrepoblamiento, la de la hipertrofia del país con cabeza de león y cola de ratón. Como se sabe, el debate arranca por lo menos con Sarmiento y Arturo Jauretche hizo célebre en su Manual de zonceras argentinas la zoncera nº 2 -“El mal que aqueja a la Argentina es la extensión”- y la zoncera nº 3 -“Lo que conviene a Buenos Aires es replegarse sobre sí misma”-. Lo que hizo el Proceso al retomar las riendas de esas discusión, que sigue siendo imperiosa, fue pretender llegar a una resolución por la vía de métodos brutales. Fue más o menos por entonces que comenzaron a manejarse con notorios sesgos de impunidad discursiva nociones tales como la de “viabilidad” -de la Nación, de las provincias- o de los “excedentes poblacionales”, o de la cantidad de gente que podía quedar dentro o fuera de un proyecto de Nación según el modelo a elegir.

   Desde la Presidencia misma, el gobierno militar requirió a dos mesas de trabajo interministeriales el diseño de estrategias que permitieran tener bajo control “el crecimiento de la región metropolitana bonaerense”. Esos planes debían contar con el apoyo de la secretaría de Planeamiento y la coordinación de una denominada Dirección General de Ordenamiento Espacial. La sola denominación técnica de las agencias de gobierno, retrotrae a los planes del Onganiato, sólo que en términos aún más exacerbados. De nuevo, las estrategias a aplicar deberían ser drástica y totalizantes.

   En materia de políticas urbanas, y en Capital Federal, los planes de erradicación de villas también eran parte de una estrategia integral, sustentada al menos en cuatro acciones fundamentales. Siguiendo la sistematización hecha en un trabajo coordinado por Hilda Herzer, producido por el Instituto de Investigaciones Gino Germani, esas “cuatro patas” de la estrategia urbanística del ‘76 son:

   -La ley provincial 8912 de ordenamiento territorial, que “tuvo como efecto la no realización de nuevos loteos destinados a la población de bajos ingresos”. A la larga, el destino estratégico de buena parte de los “espacios vacíos” sería el de los countries, los barrios cerrados, los cementerios privados. Emprendimientos dirigidos a quienes hoy se denominarían los “ganadores del modelo”.

   -La nueva ley de locaciones urbanas que dispuso el descongelamiento de los alquileres en un período de tres años. Como se verá más adelante, muchos de los antiguos inquilinos engrosarían las cifras de expulsión y empobrecimiento.

   -El programa de construcción de autopistas, que, junto con los estacionamientos, “favorecieron la apropiación de renta en los terrenos céntricos. Al paso de la demolición, se profundizará el déficit habitacional”.

   -La erradicación de las villas.

   Vistas estas estrategias en conjunto, la reestructuración urbanística, antes que paliar problemas de infraestructura o resolver el problema histórico del déficit habitacional, desencadenaba fuertes efectos redistributivos, concentradores, y dejaba afuera a buena parte de los sectores populares. Sólo como para hacer una referencia rápida a una de esas “cuatro patas”, que no sea la de las erradicaciones de villas, conviene resumir lo ocurrido con la “liberación” de los alquileres (sólo tres años atrás la palabra liberación se usaba para otra cosa) y sus efectos. Esa otra historia, tanto por el tipo de diagnóstico que hacían las autoridades, como por sus promesas acerca de lo bien que iban a salir las cosas, es esencialmente paralela a lo ocurrido con las villas y sus habitantes.

   Los debates acerca de cómo salir de la opción “alquileres libres” contra “alquileres congelados” ya eran crispados antes del ’76. Las autoridades militares consideraron tempranamente el problema, al punto que el comunicado nº 13 de la Junta ya lo incluía en la agenda oficial. Para cuando la llegada del golpe, prácticamente no existían alquileres en oferta, ya que los propietarios estaban a la espera de la liberación del sistema. Un departamento de tres ambientos que fuera a salir al mercado tenía un precio de alquiler de unos 20.000 pesos, contra un salario promedio de 36 mil. Las asociaciones de propietarios decían que para salir de los alquileres congelados y para normalizar el mercado, era imperioso derogar todas las legislaciones reguladoras -tal como las autoridades se disponían a hacer en otras áreas- y toda norma de amparo al locatario. El último censo, de 1973, indicaba que existía un défitit habitacional de un millón seiscientas mil viviendas, resultado de la suma entre quienes vivían en departamentos compartidos y los que lo hacían en hogares inhabitables.

   Tras una serie de conflictos y cavilaciones, el 29 de junio de 1976 se sancionó un nuevo proyecto de ley que las autoridades elaboraron en casi total hermetismo. La nueva ley, dijeron los gobernantes, marcaba “el principio del fin de una época”. Efectivamente fue así: la oferta de nuevos alquileres se multiplicó casi por siete en apenas un año. Sólo que una gruesa proporción de las familias inquilinas que hasta entonces estaban amparadas, y muchas de las cuales habitaban en las viviendas más antiguas de la ciudad,  no podrían acceder ni a esos valores ni a la vivienda que ya ocupaban, una vez que se “normalizaran” los valores. Cuando comenzó a percibirse el drama social que desencadenaría el sinceramiento del problema de los alquileres, las autoridades relativizaron las cifras de la cantidad de gente que quedaría afectada, anunciaron planes complementarios, confiaron públicamente en que las reglas del libre mercado diluirían y repararían por sí mismas cualquier dificultad que pudiera sobrevenir, incluyendo la nivelación de los precios.

   De manera emblemática, uno de los funcionarios que salió a tranquilizar a la opinión pública fue uno a partir de aquí tendrá un rol protagónico en esta historia: el titular de la Comisión Municipal de la Vivienda, Guillermo del Cioppo. Tranquilos todos, dijo, “el mundo no se va a venir abajo” cuando comience a regir la liberación de alquileres. A mediados de 1978 vaticinó que no habrían más de medio centenar de desalojos en toda la ciudad. Tiempo después se conoció que en sólo uno de los cincuenta juzgados de la Capital, en 1979, se iniciaron 430 juicios de desalojo, que se dictaron 250 sentencias y que 60 de ellas ordenaban el desalojo con uso de la fuerza pública. Paralelamente, los diarios del ’78 informaban que el costo de la construcción había aumentado en un 45% (contra un 25% de las previsiones oficiales) y en un 30% los costos de los nuevos alquileres. Los prometidos créditos del Banco Hipotecario, que debían paliar el problema de los quedaban sin techo, resultaron inaccesibles para la mayoría. Los camiones de mudanza y los operativos de desalojo se convirtieron en parte del paisaje y de la vida cotidiana de los sectores más vulnerables de las clases medias bajas y trabajadoras.

   ¿A dónde fueron a parar esas personas? A superpoblar las casas de sus familiares, al conurbano, a las provincias, a hoteles y pensiones. Forzando una expresión que el sociólogo Artemio López empleó mucho más tarde, puede decirse que esos contingentes humanos fueron antecedente y parte del fenómeno de la “pobreza de puertas adentro” que se generalizaría en la década del ‘90.

   En términos de cifras, Oscar Oszlak deduce un total de 300 mil personas expulsadas de la Capital Federal al cabo de la gestión de políticas urbanas aplicada por la dictadura militar (recordemos que unas doscientas mil fueron las erradicadas de las villas). En las páginas finales de Merecer la ciudad. Los pobres y el derecho al espacio urbano, Oszlak hace este balance:

   “Cuestionando las formas de apropiación y uso del suelo, (las autoridades) justificaban la erradicación de villas de emergencia. Recuperando zonas destinadas a obras públicas unilaterlamente decididas, daban lugar a expropiaciones por construcción de autopistas o por ampliación de espacios verdes. Relocalizando industrias, producían la virtual desaparición de fuentes de trabajo y el inevitable éxodo de la población obrera... Desde la óptica de ciertos sectores sociales y estatales, los pobres de la ciudad siempre constituyeron una amenaza latente. Más de una vez se levantaron los puentes sobre el Riachuelo para evitar el acceso a Buenos Aires de masas obreras que se dirigían en manifestaciones a la Plaza de Mayo”.

   Es oportuno ahora explicar por qué Oszlak tituló a su trabajo como lo tituló: “Merecer la ciudad”. Para lo cual es necesario acudir por segunda vez a una declaración de 1980 del jefe de la Comisión Municipal de la Vivienda, Guillermo del Cioppo, acerca de la ciudad de Buenos Aires que el Proceso soñaba:

   “No puede vivir cualquiera en ella. Hay que hacer un esfuerzo efectivo para mejorar el habitat, las condiciones de salubridad e higiene. Concretamente: vivir en Buenos Aires no es para cualquiera sino para el que la merezca, para el que acepte las pautas de una vida comunitaria agradable y eficiente. Debemos tener una ciudad mejor para la mejor gente”.

El uso del verbo erradicar.

    El 9 de septiembre de 1976 apareció este suelto en el diario La Razón:

   “3-1627, Bahía Blanca. Este teléfono atiende 24 Hs. del día. Está instalado en el Comando de Operaciones Tácticas del V Cuerpo de Ejército. A toda hora puede llamarse para dar cuenta de movimientos sospechosos. El teléfono fue ubicado en el marco de la lucha antisubversiva con el objeto de erradicarla”.

   El 17 de diciembre de 1977, cuando un grupo de tareas, contando con el trabajo de inteligencia previa del marino Alfredo Astiz, secuestró a un grupo de integrantes de organismos de derechos humanos, entre ellos a la fundadora de Madres de Plaza de Mayo, Azucena Villaflor, y a las religiosas francesas Alice Domon y Léonie Duquet, la Dirección Nacional de Prensa hizo reproducir en los diarios este comunicado:

   “Frente a la desaparición de un grupo de personas, entre ellas dos religiosas, el gobierno nacional expresa su vivo y categórico repudio a todo intento perturbador de la paz y de la tranquilidad de los argentinos. En estos momentos tan propios para la armonía y el entendimiento, en circunstancias en que pueblo y gobierno buscan, con renovado afán, las soluciones que permitan arribar a una paz digna y duradera, la subversión, encerrada en su nihilismo, insiste con sus métodos de odio y destrucción. El gobierno de las Fuerzas Armadas, con la colaboración de todos los sectores del país, reafirma su inquebrantable  decisión de erradicar todas las manifestaciones disociantes de la comunidad nacional y rechaza el incalificable propósito de generar enfrentamientos con otros países, con instituciones religiosas y  con familias asoladas por la violencia extremista”.

   Ambas citas, como es evidente, sólo tienen por objeto ilustrar cuáles eran durante la última dictadura militar los usos del verbo erradicar, es decir hasta qué punto erradicar era algo más que un simple eufemismo técnico.

   De nuevo a las cifras. Es necesario detenerse en ellas, aún cuando siempre el manejo de números que pretenden representar personas tienen algo de brutal e inhumano, y aún cuando, en la historia de las erradicaciones, las estadísticas tienen bastante de elusivas y a veces de contradictorias. A su vez, el hecho mismo de que sean elusivas o contradictorias, tiene relación con la doble lógica en que se desarrollaron las tareas erradicadoras. Las aplicaba el Estado, verticalmente, imponiendo no sólo sus políticas sino sus números. El objeto de aplicación de esas políticas era un mundo social semiclandestino, indefenso, que no tenía cómo terciar a la hora de hacerse visible. Si la represión militar fue clandestina, las políticas erradicadoras, aunque oficiales e incluso vociferadas como estrategia pública central de la dictadura, se dirigían a un sector aislado del conjunto social. Para cuando los efectos de las erradicaciones llegaron a los medios -lo que demoró mucho más que el tratamiento mediático del tema de los desalojados por el descongelamiento de alquileres-, y para cuando la cúpula de la Iglesia se decidió a intervenir, ya la tarea había sido realizada.

   Oscar Yujnovsky dice que el total de la población villera hacia abril de 1976 ascendía a 218 mil personas y que el año siguiente ya era de 280 mil, según datos oficiales reflejados por diarios de la época. Aunque las presiones sobre esa población y los desalojos parciales comenzaron apenas meses después de que se produjera el golpe militar, las autoridades se tomaron algún tiempo para afinar sus políticas totalizadoras. En agosto de 1976 hubo esta comunicación oficial:

   “La intendencia municipal hace saber a la población que, en cumplimiento de su política de congelamiento de las villas de emergencia existentes en la ciudad, no permitirá de ninguna manera la construcción de nuevas viviendas en dichos lugares o la ampliación de las actuales. Con tal motivo se advierte a quienes no accedan a dicha prohibición, que se dispondrá de inmediato a la demolición de toda nueva construcción sin perjuicio de adoptar las medidas legales que correspondan contra quienes lesionen los legítimos derechos de dominio que ejerce la Municipalidad sobre sus predios”.

   Es más interesante la parte final del comunicado divulgado por los diarios:

   “La Municipalidad, responsable de la urbanización y el ornato de la ciudad, no puede ni debe tolerar la proliferación de construcciones de emergencia, que por estar reñidas con elementales necesidades materiales y espirituales de la vida humana, son contrarias a la salud de la población”.

   El Sobreviente C, Magtara Feres, Johny Tapia, Juan Cymes, junto con sus 200 mil vecinos, eran ejemplos acabados de cómo con su mera existencia conspiraban contra el buen ornato de la ciudad y la salud de la población. Veamos de qué manera vivieron ellos los días previos y posteriores al 24 de marzo de 1976 y el peso ominoso de la fórmula congelar/erradicar, a la que poco tiempo después se le añadió, justo en el medio, la variante articuladora desalentar.

   Para Juan Cymes la historia venía de arrastre. Entre otros arrastres, de las persecuciones desatadas por el Comando de Organización y otros núcleos duros de la derecha peronista. Juan se había radicado en 1970 en Las Antenas, aunque relacionado siempre con las otras villas cercanas de Capital. En su villa de adopción lo habían elegido presidente de la comisión vecinal. Cuarenta y ocho horas antes del golpe, fueron los vecinos quienes lo protegieron de la llegada de las patotas mixtas. Lo interesante es quién le dio el primer alerta: un funcionario municipal al que los vecinos de Las Antenas habían tratado durante algún tiempo. Este hombre no sentía por los villeros algún cariño especial, y aunque carente de ideologías radicales, había aprendido a respetar a la gente de la villa y a sus dirigentes sencillamente por lo bien que se organizaban y por los logros que habían obtenido.

   Este funcionario simplemente obró por conciencia. Un domingo por la mañana llamó a Cymes para decirle que tenía que comentarle “un asunto delicado” y le pidió verlo con urgencia, no en la intendencia sino en su casa. Una vez juntos, le mostró a Juan un papel que sus superiores le habían pedido firmar. El papel era una denuncia de los pesados de La Matanza contra Cymes y otros dirigentes. Lo típico de entonces: reconocidos zurdos, extremistas peligrosos. Cymes y los demás le agradecieron el aviso al oscuro funcionario. Y efectivamente a las pocas horas en Las Antenas cayeron los camiones del Ejército. En la villa los vecinos habían cavado una veintena de pozos debajo de las viviendas. Algunos se ocultaron en ellos. Otros permanecieron borrados durante semanas. En el medio se produjo el golpe. La que al cabo del tiempo no pudo salvarse fue una mujer, Stella Maris Martínez, a la que confundieron con alguna otra persona. Stella Maris era la secretaria de Salud de la comisión vecinal. La torturaron salvajemente. Cuando salió -estaba embarazada-, salió destruida: vivió ocho años encerrada, semipostrada, hasta que falleció. En cuanto a Juan, Las Antenas fue su lugar de exilio. Guardado y a la distancia, siguió ejerciendo su rol de dirigente villero, a pedido de los vecinos.

   La referencia de Johny Tapia a los días del golpe y a cómo se vivieron en las villas es más breve pero no por eso menos eficaz. A lo largo de su vida en la 31 él debió ir ocupando sucesivamente tres o cuatro casas y lotes distintos, según cómo lo corrieran las circunstancias. “Nosotros esos días vimos cómo nuestros dirigentes, que eran nuestros hermanos, eran perseguidos, y cómo entraban en sus viviendas y las derrumbaban”.

   Tapia cita el nombre y apellido del Sobreviente C entre el grupo de los dirigentes perseguidos. El Sobreviente C utiliza su verba fiera cuando tiene que ubicarse en la época: “Era una situación de barbarie militarizada, de maltrato indiscriminado. Me vi obligado a hacer un trabajo de autosugestión para desaparecer del mapa, para no delatar a nadie. Entré en un proceso de olvido voluntario de todo”. El Sobreviviente C pretendió guardarse en la 31. Hasta que un día, a la vuelta del trabajo, los vecinos le advirtieron que lo estaban buscando. Durante seis años estuvo a los saltos, viviendo en la semiclandestinidad. Hasta que pudo instalarse en la villa 21, que es donde vive ahora.

   El otro que guarda recuerdos medianamente nítidos de aquellos es días es el padre Pichi, o José Meisegeier, el que había sucedido a Mugica en la villa 31: 

   -Sabía que la mano venía durísima. Los jesuitas de Belgrano ya me habían dicho: ‘No te vengas por acá’. Yo me fui a la villa a protegerme. Porque sabía que, al menos en los años anteriores, más allá de 300 metros hacia andentro de la villa, la cana no entraba. Yo tenía mi plan de escape pensado, por qué pasillo salir, pisando qué durmiente. Los dirigentes qué otra cosa podían hacer que borrarse, irse al interior. El Negro Vidal Guzmán, dirigente del Bajo Belgrano, desde entonces, está en el Paraguay.

   -¿Y la demás gente?

   -Miedo, encerrarse y chau.

   Johny Tapia y Juan Cymes coinciden en rescatar el nombre de otro de los dirigentes villeros perseguidos: José Valenzuela, que fue secuestrado y luego liberado. Cómo no, cuando Valenzuela falleció, hace poco tiempo, el Sobreviente C le escribió uno de sus poemas. Sobre una hoja de papel cuadriculado, en tinta y con mayúsculas. ¡Arriba don José Valenzuela!, se llama el poema, y aquí va una reproducción parcial.

 

Tenerlo presente con su carcajada de pendejo rabioso

y que si diez se le oponían, mil lo respaldaban

y que si sus rivales en contra farfullaban

su fiel pueblecito indoamericano

de Comunicaciones, igual lo respaldaba

 

Enérgico y decidido dirigente vecinal, de grandes

movimientos, que temerariamente arremete

contra armados y asesinos ladrones policiales

armado como ariete por su amotinada gente

Tu nombre, junto al del padre Carlos  Mugica, 

Chejolán y los de nuestros queridos dirigentes desaparecidos,

asesinados, estarán siempre afectivamente

en nuestros corazones, en la popular memoria colectiva.

 

   Lo que es un poco terrible del caso es de qué particular manera operan el recuerdo y la memoria de los muertos y perseguidos de las villas, qué serias dificultades existen para traerlos al presente, o por qué dura razón el Sobreviente C se resiste a decir su nombre y el de otros. De lo cual se intentará decir algo, más adelante.

 Las mieles de la mano dura.

    A lo largo de estas páginas se señaló hasta qué punto las autoridades militares supieron sacar partido de los peores perjuicios de la sociedad hacia los villeros y cómo, en contrapartida, fueron absolutamente lúcidas a la hora de presentarse como las que, por fin, darían una solución rápida y eficiente al problema. La campaña propagandística se redobló hacia el año 1977 cuando se inició el plan ya sistematizado de erradicaciones. En sus abundantes intervenciones en los medios, las autoridades no dejaban nunca de repasar el repertorio completo de prejuicios: la villa como ghetto oscuro e inquietante, dueña de una subcultura dudosa y nociva; la villa como lugar de acomodos y privilegios; la experiencia histórica acumulada, en la que políticos populistas, demagogos y corruptos no se hacían cargo del problema salvo para dejarlo intacto y lucrar con los villeros, y éstos con los políticos; la cantidad -rigurosamente inflacionada- de extranjeros e indocumentados que quitaban vivienda y trabajo a “los argentinos”; la puesta en tela de juicio de los índices de pobreza real; las actividades comerciales hechas al margen de la ley; el no cumplimiento en el pago de impuestos pese a lo retributivo de ese comercio; las mafias y los delincuentes reales y presuntos que explotaban el territorio, etc.

   Los funcionarios militares se erigían como la contracara absoluta de toda esta panoplia de vicios, quedantismos, negligencias y corruptelas. Ellos, decían, operarían eficientes, limpios, modernos, drásticos. Y así sería la ciudad que legarían a las generaciones futuras. El 13 de julio de 1977 el intendente Osvaldo Cacciatore (cuyo ascenso de brigadier a intendente de Buenos Aires sólo se explica por el reparto de poder entre el Ejército, la Marina y la Aeronáutica), sancionó la ordenanza 33.652. Esa ordenanza fue la que dispuso que la Comisión Municipal de la Vivienda, por ser el “organismo idóneo”, se hiciera responsable del plan integral de erradicación.

   Así como durante el Onganiato los planes habían tomado forma impresa en aquel cuadernillo de ochenta páginas, la memoria acerca de cuáles fueron los planes de la dictadura militar del ’76 tuvieron letra y música en un grueso libro de 114 páginas impreso por la Comisión Municipal de la Vivienda en septiembre de 1980. Es un mamotreto generoso en cuadros, organigramas y estadísticas, que pasó a la historia como el Libro Azul. En contraposición con el cuadernillo del Onganiato, va al grano sin demasiados prólogos. En el cotejo con todos los documentos oficiales acumulados hasta entonces, los relacionados con la cuestión villera, ostenta un notorio empobrecimiento discursivo. Es posible que ese empobrecimiento obedeciera a una simple cuestión fáctica y de actitud: No tenemos por qué dar explicaciones.

   En ese Libro Azul, en la tira de nombres de funcionarios de la CMV, se destaca, además de Guillermo del Cioppo, el denominado “Gerente Area Ordenanza 33.652”, comisario inspector Osvaldo Salvador Lotito. El nombre del comisario Lotito hace a hitos importantes en la historia de los villeros, al punto que en homenaje a su trayectoria los sobrevivientes todavía lo recuerdan como La Chancha Colorada. Lotito contaba con años de experiencia territorial. Mucho antes del golpe solía liderar operativos de desalojo y era conocido casi como un personaje popular antiguo, un comisario de aquellos que, según recuerda el Sobreviviente C, “se sacaba el uniforme para pelear”. De hecho el Sobreviviente C fue uno de los que enfrentó a Lotito en pugilato, un día que la villa de Retiro terminó gaseada y bien nutrida de guardias de infantería.

   Las primeras páginas del libro de la CMV están dedicadas a ilustrar con estadísticas los sucesivos fracasos oficiales en materia de erradicación, incluyendo en forma impiadosa los del período de la Revolución Argentina. Los villeros, decía la primera introducción, más bien económica, eran presentados en trazos muy gruesos como “familias provenientes en su mayoría del interior del país y de países limítrofes, con escasos recursos económicos (las cursivas no son del original) y baja calificación de mano de obra, que se encuentran en estado de marginalidad”. Más adelante se aseguraba que “el crecimiento paulatino y desmesurado de las villas de emergencia amenazaba la calidad de vida y de población de la ciudad”. Y un poco después, se afirmaba que los planes acumulados de construcción de viviendas de interés social fracasaron, porque los villeros habían trasladado a sus nuevos hogares “las pautas de la villa”, no se integraron con el conjunto de la sociedad, ni tampoco supieron desarrollar “el sentido de propiedad”.  “Como consencuencia -decía la introducción-, no asumieron la obligación del pago de cuotas, ni el cuidado de la vivienda, manteniendo sus normas de comportamiento idénticas a las de la villa”. Como se puede apreciar, los prólogos son breves y asertativos, un tanto feroces, y abren paso a la idea de ahora viene lo mejor.

   Lo que sigue es un bonito organigrama militar, generoso en círculos, rectángulos y flechas, que por su sola y eficaz simplicidad permite comprender de un plumazo en qué consiste el plan de erradicación y sus etapas. Tres círculos centrales, rayados, dicen lo que ya hemos anticipado: congelamiento, desaliento, erradicación. Cuatro circulitos intermedios, más cuatro flechazos, conducen a un círculo mayor, la solución final u “Ordenamiento social y edilicio” de la ciudad. Después de la aproximación geométrica inicial, el Libro Azul se explayaba con el asunto de las tres etapas.

    Congelamiento. Tal como se había hecho durante el Onganiato, la tarea consistía en dimensionar el territorio, estudiar su densidad poblacional, censar a sus habitantes, mediante relevamientos aerofotográficos y los que habría que hacer sobre el terreno. Con el  tradicional sistema de escritura castrense -1, 1.1, 1.2.4, 1.3.3- y con meticulosidad escolar, la etapa congelamiento incluía tareas como estas:

1.2.1.      Marcación de casillas. “Se comienza por pintar en el frente de cada vivienda un recuadro de fondo negro sobre el cual se procede a colocar el número correspondiente a la vivienda”.

1.2.2.      Numeración de casillas. “En forma correlativa se numeran las viviendas a fin de conocer con exactitud la cantidad de las mismas”.

   En el punto 1.3.2 se mencionaba el tema de los Certificados de Asentamiento Precario (CAP) en los que quedarían asentados los datos de filiación de los vecinos, obtenidos en el censo. Los CAP deberían “ser exhibidos por el villero ante cualquier Autoridad Municipal, Policial o Seguridad que así lo requiera”. A su vez (inciso 1.3.3.), la CMV confeccionaría por cada vecino una “Ficha Legajo” que sería “utilizada por el personal afectado a las etapas de desaliento y erradicación. Sirve además para volcar en ella, cronológicamente, el proceso desarrollado por la familia hasta su erradicación”.

    Desaliento. “Es aquel accionar que lleve paulatinamente a la población villera a no encontrar motivaciones que justifiquen su permanencia en la villa”. Las previsiones desmotivadoras de la CMV ocupan una carilla y algo más con seis distintas variantes de vigilancia, prohibición y control. Control del comercio “ilegal”, industrias, talleres, depósitos. Clausuras y decomisos. “Prohibición estricta de vender, comprar, ceder o alquilar las viviendas existentes, como así también la ampliación o nuevas construcciones”. Prohibido circular y estacionar “dentro del radio de la Villa”. “Demolición inmediata de casas abandonadas o aquellas en que se constata su venta o alquiler”.

   La sexta normativa (o punto “efe”), es particularmente sugerente:

   “La presencia constante del Personal del ‘Departamento de Vigilancia Interna’, motivando a la población villera a encontrar la solución a su problema habitacional, mediante la compra de un terreno o retornando a su país o provincia de origen”.

   Dos observaciones. Una: en los documentos del Onganiato, donde aquí dice “motivar”, allí decían “urgir”. Dos: de qué neutra manera funcionaba la burocracia del mal.

   Finalmente:

   Erradicación. “Es el accionar que permite la liberación de los terrenos afectados por las Villas de Emergencia... exige la implementación y concentración de recursos humanos, materiales y económicos, cuya magnitud depende de cada Villa a erradicar”.

   Es a partir de aquí en donde las autoridades de la CMV comienzan a hacer previsiones, planes y promesas acerca de a dónde irán a parar los erradicados, a los que se proponen cuatro alternativas básicas.

“a- Traslado a terreno propio.

b- Retorno a su provincia o país de origen.

c- Egreso por medios propios.

d- Apoyos crediticios”.

   Respecto del terreno propio, la CMV aseguraba que proveería a las familias erradicadas de transporte para su traslado, de materiales y de un “plano prototipo” siguiendo al cual, fácilmente esa familia construiría su nueva casa. A los que quisieran volverse a su provincia o país de origen, la CMV les garantizaba pasaje gratis y traslado igualmente gratuito de sus enseres. Un poco más ambigua era la explicación acerca del “egreso por medios propios”:

   “Son aquellos egresos que surgen como consecuencia del accionar del Organismo en el área de Villas, cuya influencia hace que algunas familias abandonen por sus propios medios estos asentamientos, no utilizando recursos de la CMV”.

   En cuanto a los apoyos crediticios, se otorgarían gracias a la concesión de préstamos del Banco de la Ciudad de Buenos Aires y estarían destinados a familias de bajos recursos. Siendo que, como quedó asentado, desde las primeras páginas de introducción el Libro Azul englobaba al conjunto de la población villera como “de bajos recursos”, no quedaba demasiado claro a quiénes llegarían esos beneficios, especialmente cuando las autoridades comenzaron a decir que eso de los bajos recursos era más que relativo. El margen de duda queda interrumpido a poco que se lee ese párrafo. Punto y aparte y el inmediatamente siguiente es el que dice “Demolición”:

   “A medida que van cumpliéndose las distintas alternativas, se procede a la inmediata demolición (esta vez el subrayado es del original) de las viviendas, lo que culminará con la erradicación total de la familia”.

   Vamos a dejar para más adelante los balances que hacía la CMV hacia 1980 acerca de las erradicaciones, y qué fue de la vida de sus previsiones y promesas.

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