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LA SITUACION CREADA POR LA DEUDA EXTERNA TIENE ALTERNATIVAS POSIBLES CAMBIANDO LA POLITICA ECONOMICA DERIVADA DE LA DICTADURA MILITAR.
La situación argentina en el año 2001 es catastrófica: tres años de recesión
debido a la aplicación de una política neoliberal particularmente agresiva. En
realidad, la decadencia de la Argentina que comenzó bajo la dictadura
(1976-1983) continuó durante casi veinte años en mano de los diferentes
gobiernos que la sucedieron. Contrariamente a una idea proclamada por algunos
sectores, no ha habido una verdadera ruptura en la política económica después de
la dictadura. Visto en perspectiva, en los últimos decenios, los avatares de los
cambios de gobierno no modificaron de manera significativa el camino regresivo
en el que había sido dirigida por su clase dominante.
La Argentina de hoy comparada a la de los años 1940-1950-1960 ha cambiado
fundamentalmente. Ha sufrido una regresión como potencia industrial periférica,
y hoy, la mayoría de la población argentina, vive peor que hace treinta años.
Entre el comienzo de la dictadura (marzo de 1976) y el año 2001, la deuda se
multiplicó casi por 20, pasando de menos de 8.000 millones de dólares a cerca de
160.000 millones. Durante ese mismo período, la Argentina rembolsó alrededor de
200.000 millones de dólares, o sea, cerca de 25 veces lo que debía en marzo de
1976 (ver tabla: )
Argentina demuestra hasta el extremo el carácter vicioso e infernal del
endeudamiento del Tercer Mundo (y el de la Periferia en general). A causa del
pago, y no a pesar de él, el país debe en el 2001 cerca de 20 veces lo que debía
a principios de la dictadura (gran parte de los préstamos han servido para
refinanciar deudas anteriores que vencían o para asegurar el pago de los
próximos vencimientos). Los pagos de la deuda argentina han sido y son todavía,
un formidable mecanismo de transferencia de riqueza producida por los
asalariados hacia los dueños del capital (sean argentinos o residentes de los
países más industrializados, comenzando por los EE.UU. y Europa occidental). El
mecanismo es simple: el Estado argentino consagra una partida cada vez más
importante de los ingresos fiscales (cuya mayor parte proviene de los impuestos
pagados por el pueblo) al reembolso de la deuda externa y a las múltiples
ventajas que otorga al sector capitalista. ¿Quién recibe los pagos efectuados
por el estado argentino?: Las grandes instituciones financieras internacionales
que poseen más del 80% de la deuda externa argentina. El colmo es que vía los
mercados financieros norteamericanos y europeos sobre los que se emiten los
préstamos, los capitalistas argentinos, compran los títulos de la deuda de su
propio país con el dinero que han sacado del mismo y reciben por tanto una parte
de los reembolsos.
Más adelante en este texto veremos que los capitalistas argentinos se endeudaron
alegremente durante la dictadura y han colocado una buena parte de ese dinero en
el extranjero (vía fuga de capitales): La suma de los capitales colocados por
los capitalistas argentinos, en los países más industrializados y en los
paraísos fiscales, durante la dictadura es superior a los montos de las deudas
contraídas (se puede encontrar la explicación técnica de ese fenómeno en varias
obras de los autores: A. y E. Calcagno; Aldo Ferrer; M. Rappoport, 2001, p. 813
– 814, y en el fallo Ballestero, Poder Judicial de la Nación, 2000). Solo en el
período 1980-1982, las fugas de capital han llegado, según el Banco Mundial a
más de 21.000 millones de dólares (Rappoport, p. 825). Y un enorme regalo a los
capitalistas argentinos (y extranjeros): sus deudas fueron asumidas por el
Estado al final de la dictadura.
Desde entonces la deuda del Estado se ha agrandado con el peso de la deuda de
las empresas privadas ya que el mismo Estado asumió el compromiso frente a los
acreedores. A partir de esa época, los capitalistas argentinos han mantenido esa
política de evasión de capitales como si se tratara de un deporte nacional. A
tal punto, que se podría organizar un campeonato latinoamericano de evasión de
capitales y el equipo argentino podría intentar ganar el campeonato, pese a que
se encontrará con rivales importantes (los capitalistas brasileros, mexicanos y
venezolanos son peligrosos en la materia).
Por otro lado, las deudas de las empresas públicas que habían también aumentado
significativamente por decisión de la dictadura, no fueron canceladas salvo
cuando se emprendió su privatización. Los gobiernos posteriores a la dictadura
usaron el pretexto del endeudamiento de las empresas públicas para
privatizarlas, tomando la “precaución” de que el Estado asuma sus deudas antes
de privatizarlas (ver más adelante el caso de Aerolíneas Argentinas, la empresa
aérea argentina). Se trata entonces de otro regalo al capital argentino o
extranjero. ¡Es diabólico!
Después de un cuarto de siglo en ese escenario, el país está desangrado. Los
salarios y los beneficios sociales han caído terriblemente, el desempleo es
altísimo, los servicios públicos están en un estado lamentable, la pobreza se
extiende a sectores cada vez mayores de la población (incluyendo a sectores que
en el pasado vivían con un cierto confort), las cajas del Estado, están vacías,
una gran parte del aparato productivo está abandonado y el resto en manos
extranjeras. Ya no queda gran cosa a privatizar. La protesta social ya se
manifiesta (varias huelgas generales ya desde el 2000, cierre de rutas por los
“piqueteros”, revueltas en ciudades pauperizadas y de barrios enteros).
Claramente, la Argentina es uno de los eslabones débiles de la cadena del
endeudamiento internacional. Posiblemente la cadena se romperá gracias a este
país. Pero no hay nada ineluctable. La crisis puede prolongarse durante años.
Los golpes que recibieron, durante la dictadura entre 1973 y 1983, las
organizaciones de trabajadores y los movimientos sociales en general todavía
marcan sus efectos, y si bien el pueblo argentino tiene cien razones para decir
“¡ya basta!”, parece dudar ante un resultado imprevisible. La dirigencia
sindical no se juega a fondo en esta batalla fundamental. Sin embargo, visto
desde una perspectiva internacional, un cambio de actitud de Argentina respecto
de la deuda tendría repercusiones enormes. El monto que debe rembolsar a los
mercados financieros de los países más industrializados es tal que un default en
el pago podría desestabilizarlos, hasta amedrentarlos y obligarlos a abrir el
diálogo. Para que ello sea favorable a los argentinos y a los países endeudados,
haría falta que la presión ciudadana lleve a las autoridades a adoptar una
posición firme de manera prolongada (a diferencia de lo ocurrido con Alan García
en Perú en 1985 o con el régimen brasilero en 1987) combinada con reformas
económicas que favorezcan una repartición progresista del ingreso nacional con
una política fiscal redistributiva, organizando la vuelta al dominio público de
las empresas privatizadas y dando primacía a los acuerdos regionales Sud-Sud
respecto de la relación comercial con los Estados Unidos vía el ALCA (Acuerdo de
Libre Comercio de las Américas). Suspender el pago de la deuda externa y adoptar
otra política económica implique la ruptura de los acuerdos entre el gobierno
argentino y el FMI. Esta ruptura no entrañaría ningún daño, al contrario, podría
ser beneficiosa para la Argentina. Para la población local y para los
movimientos en los que se organiza, se trataría en todo caso de una oportunidad.
¿La aprovecharán?
Con el fin de facilitar la comprensión de cómo se llegó a la situación actual,
en lo que concierne al endeudamiento, a continuación se presenta una vista en
perspectiva histórica, que comienza con la dictadura.
ARGENTINA: ENDEUDAMIENTO Y DICTADURA MILITAR
El período durante el cual la deuda argentina literalmente explotó, corresponde
al de la dictadura militar del general Videla (1976-1981). La política económica
promovida por Martínez de Hoz. Ministro de Economía de la dictadura, a partir
del 2 de abril de 1976 marca el inicio de un proceso de destrucción del aparato
productivo del país, creando las condiciones para una economía especulativa que
desbastó el país. La mayor parte de los préstamos otorgados a la dictadura
argentina, provenían de bancos privados del Norte. Estos contaban con el total
acuerdo de las autoridades de los Estados Unidos (tanto de la Reserva Federal
como de la Administración norteamericana). Los "maestros" argentinos de la
política de endeudamiento eran el Ministro en Economía Martínez de Hoz y el
Secretario de Estado para la Coordinación y la Programación Económica, Guillermo
Walter Klein. Para obtener préstamos de los bancos privados, el gobierno exigía
de las empresas públicas argentinas que se endeudaran con los banqueros privados
internacionales. Las empresas públicas se convirtieron entonces en una palanca
fundamental para la desnacionalización del Estado, a través de un endeudamiento
que entrañó el abandono de una gran parte de la soberanía nacional.
ENDEUDAMIENTO FORZADO DE LAS EMPRESAS PÚBLICAS
Esto es tan así que por ejemplo, la principal empresa pública argentina, la
petrolera YPF (Yacimiento Petrolíferos Fiscales), fue forzada a endeudarse en el
exterior aunque disponía de recursos suficientes para sostener su propio
desarrollo. En el momento del golpe militar del 24 de marzo de 1976, la deuda
externa de YPF se elevaba a 372 millones de dólares. Siete años mas tarde, al
terminar la dictadura, esta deuda se elevaba a 6.000 millones de dólares. Su
deuda se multiplicó por 16 en siete años.
Casi ningún monto de esa deuda en divisas extranjeras fue a parar a la caja de
la empresa; quedaron en manos de la dictadura. Bajo la dictadura, la
productividad del trabajador de YPF aumentó un 80%. El personal se redujo de
47.000 a 34.000 trabajadores. La dictadura, para aumentar las entradas a su
caja, bajó a la mitad el dinero por comisiones que iba a YPF por la venta de
combustibles. Es más, YPF fue obligada a refinar el petróleo que extraía, en las
multinacionales privadas Shell y Esso, aunque podía, dada su buena situación
financiera al comienzo de la dictadura, dotarse de una capacidad de refinación
acorde a sus necesidades (complementando la de sus refinerías de: La Plata,
Luján de Cuyo y Plaza Huincul). En junio de 1982, todo el activo de la sociedad
estaba prendado por las deudas.
EL ENDEUDAMIENTO DEL ESTADO
El endeudamiento masivo del Estado argentino fue justificado por los
responsables económicos de la dictadura y por el FMI, como la forma de aumentar
sus reservas en divisas extranjeras para sostener una política de apertura
económica. Con una buena gestión económica, el aumento de las reservas
internacionales del Estado argentino habría debido ser el producto de las
actividades de intercambio en el mercado mundial. Las reservas internacionales
anunciadas por la dictadura argentina provenían del endeudamiento.
Las reservas no eran ni administradas ni controladas por el Banco Central. De
manera general, los empréstitos por sumas fabulosas contratados con los
banqueros del Norte eran inmediatamente recolocadas como depósitos en estos
mismos bancos o en otros bancos competidores. 83% de estas reservas fueron
colocadas en 1979 en instituciones bancarias de fuera del país. Las reservas se
elevaron a 10.138 millones de dólares y los depósitos en los bancos exteriores a
8.410 millones de dólares. El mismo año la deuda externa pasaba de 12.496
millones de dólares a 19.034 millones de dólares (OLMOS, 1990, p. 171 y 172). En
todos los casos, el interés recibido por las sumas depositadas era inferior al
interés pagado por la deuda.
La lógica de esta política para las autoridades que la organizaron era
1º) el enriquecimiento personal gracias a las comisiones pagadas por los
banqueros del Norte;
2º) se trataba de aumentar las reservas internacionales para sostener el
importante aumento de las importaciones, sobre todo la compra de armas;
3º) la política de apertura económica y endeudamiento recomendado por el FMI
permitía a la dictadura argentina mejorar su credibilidad internacional cerca de
los principales países industrializados, comenzando por los Estados Unidos. La
dictadura argentina no habría podido mantener el régimen de terror interno en
los primeros años (1976-1980) sin la bendición de la administración
norteamericana.
Por su lado La Reserva Federal de los EUA, estaba mas que inclinada a apoyar la
política económica de la dictadura argentina, cuando una gran parte del dinero
de la deuda estaba depositado en los cofres de los bancos norteamericanos. Desde
el punto de vista de la administración estadounidense y del FMI, el
endeudamiento argentino hacía volver al regazo norteamericano a un país que
durante décadas había afirmado un nacionalismo crítico y había conquistado un
cierto despegue económico durante el régimen peronista.
CONFUSIÓN DE ROLES
El Secretario de Estado para la Coordinación y la Programación Económica
Guillermo Klein, ocupó esta función de 1976 a marzo de 1981. En el mismo
período, dirigió una oficina de estudio privada, representando en Buenos Aires
los intereses de los acreedores extranjeros. Aunque cuando entraba en funciones
su oficina no presentaba más que un banco: el Scandinavian Enskilda Bank,
algunos años mas tarde representaba los intereses de 22 bancos extranjeros. En
marzo de 1981, sale de su puesto de Secretario de Estado al mismo tiempo en que
Viola reemplazaba a Videla a la cabeza de la dictadura. Pocas semanas mas tarde,
el 7 de abril de 1982, cinco días luego de la ocupación de las Malvinas por el
ejército argentino y de declarada la guerra contra Gran Bretaña, fue designado
como apoderado en Buenos Aires de la sociedad anónima británica Barclays Bank
Limited, que era además uno de los principales acreedores privados de la deuda
pública y privada argentina. A la caída de la dictadura y el acceso al poder de
Alfonsín en 1984, su estudio quedó como defensor de los intereses de los
acreedores extranjeros.
LA POST-DICTADURA MILITAR: EL GOBIERNO ALFONSÍN Y LA IMPUNIDAD
El Banco Central argentino declaró que no tenía registro de la deuda externa
pública, lo que hizo que las autoridades argentinas que sucedieron a la
dictadura tuvieran que basarse en las declaraciones de los acreedores
extranjeros y en los contratos firmados por los miembros de la dictadura, sin
que éstos hayan pasado por el control del Banco Central.
A pesar de todo, después de la caída de la dictadura, el nuevo régimen
presidencial de Alfonsín decidió asumir el conjunto de la deuda, tanto privada
como pública, contraída durante la dictadura. Cuando los militares torturadores
obtuvieron la impunidad, los responsables económicos de la dictadura se
beneficiaron de la misma clemencia. Más grave todavía, la mayoría de los altos
funcionarios de la economía y de las finanzas quedaron en el aparato del Estado,
algunos incluso fueron promocionados.
EL ESTADO ASUME LA DEUDA DE LAS EMPRESAS PRIVADAS
Las empresas privadas argentinas y las filiales argentinas de las
multinacionales extrajeras fueron incentivadas también a endeudarse. La deuda
privada total se elevó a más de 14.000 millones de dólares.)
Figuran entre las empresas privadas endeudadas las filiales argentinas de
sociedades multinacionales: citamos a Renault Argentina, Mercedez-Benz
Argentina, Ford Motor Argentina, IBM Argentina, City Bank, el First National
Bank of Boston, el Chase Manhattan Bank, el Bank of America, el Deustsche Bank.
El Estado argentino paga a los acreedores privados de estas empresas: Renault
France, Mercedez Benz, City Bank, Chase Manhattan Bank, Bank of America, First
Nacional Bnak of Boston, Crédit Lyonnais, Deustsche Bank, Société Générale.
Sintéticamente, el contribuyente argentino paga la deuda contraida por las
filiales de las multinacionales con sus casas matrices o con los banqueros
internacionales. Se puede sospechar que las multinacionales en cuestión hayan
creado una deuda de sus filiales argentinas por un simple juego de contratos.
Los poderes públicos argentinos no tienen ningún medio de control.
LA OLA DE PRIVATIZACIONES
El régimen de Menem, que sucedió al de Alfonsín, se lanzó en una política
generalizada de privatizaciones en 1990-1992, liquidando literalmente una gran
parte de su patrimonio nacional. Se estima que ello representó una pérdida de
60.000 millones de dólares. Menem pretextó el endeudamiento formidable de las
empresas públicas argentinas para justificar a los ojos de la opinión pública
nacional sus ventas. La mala situación financiera fue debida a la política de
endeudamiento forzado que había sido impuesto por las autoridades económicas de
la dictadura, y como mencioné mas arriba, lo principal de las sumas de la deuda
jamás llegaron a las cajas de las empresas. Menem confió al banco norteamericano
Merril Lynch la evaluación del valor de YPF. Merryl Linch deliberadamente redujo
en 30% las reservas petroleras disponibles tratando de subestimar el valor de
YPF antes de su puesta a la venta. Una vez que la privatización fue realizada,
la parte de las reservas ocultadas reapareció en las cuentas. Los operadores
financieros que habían comprado a bajo precio las acciones de la empresa,
pudieron obtener fabulosas ganancias gracias al aumento de la cotización en la
bolsa de las acciones de YPF. Esta operación permite alabar ideológicamente la
superioridad de lo privado sobre lo público.
Nota: el mismo banco norteamericano Merril Lynch fue encargado por el presidente
brasileño Fernando Henrique Cardoso para que en 1997 evalúe la principal
sociedad pública brasileña la Vale do Río Doce (empresa minera). Merrill Lynch
fue acusado por numerosos parlamentarios brasileños de haber devaluado en un 75%
las reservas de minerales de la empresa. (Fuente: O Globo, 8/4/97, Brasil).
Además de YPF (vendida a la multinacional petrolera española Repsol en 1999),
otra flor argentina fue liquidada; se trata de la empresa Aerolíneas Argentinas
(vendida a la compañía aérea española Iberia). Los Boeing 707 que eran parte de
su flota fueron vendidos simbólicamente por un dólar (¡U$S 1,54 exactamente!).
Algunos años después, siguen sirviendo en las líneas de la compañía privatizada,
pero Aerolíneas debe pagar un “leassing” para utilizarlas . Los derechos de uso
de las rutas aéreas de la compañía, de un valor de 800 millones de dólares, han
sido estimados en 60 millones de dólares solamente. La empresa fue cedida a
Iberia por un monto líquido de U$S 130 millones de dólares, el resto lo
constituyó anulaciones de créditos de la deuda. Iberia tomó créditos para
comprar la empresa y la totalidad de deuda contraída la transformó en deuda de
la nueva entidad Aerolíneas Argentinas que, de golpe, se encontró endeudada
desde el origen de su operación. En el año 2001, Aerolíneas Argentinas,
propiedad de Iberia, estaba al borde de la quiebra por culpa de sus nuevos
propietarios.
La privatización de Aerolíneas es un caso paradigmático. Todas las empresas
privatizadas fueron liberadas del paquete de sus deudas, que fueron asumidas por
el Estado.
PROCESO CONTRA LA DICTADURA
El escándalo de la deuda argentina suscitó, en los años siguientes a la
dictadura, el interés de los ciudadanos. El gobierno civil que le sucedió
constituyó una comisión parlamentaria que, luego de un año y medio de trabajo,
fue disuelta ya que sus resultados arriesgaban a golpear la política económica
de Alfonsín, que había decidido entretanto la estatización de la deuda. El
presidente Menem también a su tiempo, había despotricado contra los responsables
del endeudamiento, pero una vez en el poder abandonó toda veleidad de revolver
un tema que de ahí en más fue tabú.
A pesar de estos compromisos y evasivas, se inició un proceso judicial, como
resultado de una denuncia hecha en octubre de 1982 por un ciudadano argentino,
Alejandro Olmos, cuando Argentina vivía todavía bajo la dictadura. Pese a todas
las dificultades, el proceso acabó por definirse en julio de 2000.
Este periodista valiente e infatigable consiguió que el tema de las
responsabilidades del endeudamiento del país, fuese objeto de investigación por
parte de autoridades judiciales. Múltiples audiencias a los responsables
económicos de la dictadura y a los responsables de las empresas públicas han
tenido lugar. El estudio de Guillermo Klein fue objeto de investigaciones y gran
cantidad de documentación relativa al período de la dictadura fueron embargadas
y colocadas en los cajas fuertes del Banco Central.
El fallo del 13 de julio de 2000 no produjo ninguna condena a personas
(fundamentalmente en razón de la prescripción) pero reveló la magnitud del
escándalo que constituye la deuda argentina.
El fallo de 195 páginas emitido por el juez Ballestero, confirma una serie de
acusaciones extremadamente importantes.
El FMI ha apoyado activamente a la dictadura argentina especialmente
proporcionándole uno de sus altos funcionarios, de nombre Dante Simone (Poder
Judicial de la Nación, 13/07/2000, p. 31-32; p. 106; p. 109; p. 127).
La Reserva Federal ha servido de aval ante los bancos privados de su país, a fin
de que esos bancos presten dinero a la dictadura , la Reserva Federal ha sido
además la intermediaria en una serie de operaciones del Banco Central Argentino
(p. 127).
Mientras la dictadura endeudaba al Tesoro Público y a las empresas públicas,
ella misma permitía a los capitalistas argentinos colocar en el extranjero
cantidades bien considerables de capital. Entre 1978 y 1981: más de 38.000
millones de dólares habrían salido de Argentina de manera “excesiva o
injustificada”, ello estaba permitido fundamentalmente por el hecho de que cada
residente argentino podía comprar 20.000 dólares por día –que podían a
continuación ser colocados en el extranjero (p. 56-58).
En pocas palabras, el Estado se endeudaba mientras que los capitalistas
descapitalizaban alegremente al país. “Aproximadamente el 90% de los recursos
provenientes del exterior vía endeudamiento de empresas (privadas y públicas) y
del gobierno fueron transferidos al exterior en operaciones financieras
especulativas” (p. 102). Importantes sumas tomadas prestadas de bancos privados
de los Estados Unidos y Europa occidental, fueron a continuación depositadas en
esos mismos bancos.
Las empresas públicas como YPF han sido sistemáticamente puestas en dificultades
(p. 130).
El régimen de transición “democrática” que sucedió a la dictadura transformó la
deuda de empresas privadas en deuda pública de manera totalmente ilegal (p. 152)
–lo que significa que debería ser posible rever esta decisión–. Entre las
empresas privadas cuyas deudas fueron asumidas por el Estado, 26 eran empresas
financieras. Entre ellas figuraban numerosos bancos extranjeros instalados en
Argentina: Citi Bank, First National Bank of Boston, .Deutsche Bank, Chase
Manhattan Bank, Bank of America (p. 155 – 157). Lo que significa que el Estado
argentino endeudado con esos bancos decidió asumir las deudas de ellos. Sin
comentarios.
Un ejemplo preciso de convivencia entre un Banco privado del Norte y la
dictadura argentina: entre julio y noviembre de 1976, el Chase Manhattan Bank
recibió mensualmente depósitos de 22 millones de dólares (esos montos aumentaron
posteriormente) recibiendo un interés del 5,5%, durante ese período, y al mismo
ritmo, el Banco Central argentino tomó prestamos de del mismo banco de Estados
Unido, el Chase Maniatan Bank a un interés del 8,75% (p. 165).
Las conclusiones del fallo son demoledoras para la dictadura, para los regímenes
que la han sucedido, para el FMI, para los acreedores privados...
La sentencia emitida por el tribunal enuncia claramente que: “la deuda externa
de nación (...) ha resultado groseramente incrementada a partir del año 1976
mediante la instrumentación de una política-económica vulgar y agraviante que
puso de rodillas el país a través de los diversos métodos utilizados, que ya
fueran explicados a lo largo de esta resolución, y que tendían, entre otras
cosas, a beneficiar y sostener empresas y negocios privados -nacionales y
extranjeros- en desmedro de sociedades y empresas del estado que, a través de
una política dirigida, se fueron empobreciendo día a día, todo lo cual,
inclusive, se vio reflejado en los valores obtenidos al momento de iniciarse las
privatizaciones de las mismas” (p. 195).
El fallo debería servir de base para una acción decidida para el no pago de la
deuda exterior pública argentina y para su anulación. Esa deuda es odiosa e
ilegítima. Los acreedores no tienen derecho a continuar recibiendo el servicio
de ese tramo de la deuda. Sus créditos son nulos.
Como las nuevas deudas contraídas desde 1982-1983 sirvieron esencialmente para
rembolsar las anteriores, ellas mismas están teñidas de ilegitimidad. Argentina
puede apoyarse perfectamente en el derecho internacional para justificar la
decisión de no pagar su deuda externa. Varios argumentos jurídicos pueden ser
invocados, entre los cuales cabe citar: la noción de deuda odiosa (la deuda
argentina fue contraída por una dictadura culpable de crímenes contra la
humanidad (los acreedores no pueden alegar desconocimiento de ello); la fuerza
mayor (al igual que los otros países endeudados, Argentina se confrontó a un
cambio brutal de situación a causa de la decisión de aumentar las tasas de
interés en forma unilateral por parte de los Estados Unidos a partir de 1979); y
el estado de necesidad (las finanzas argentinas impiden la prosecución del
pago, ya que éste imposibilita el cumplimiento de las obligaciones asumidas con
la firma de pactos internacionales en lo que respecta a los derechos económicos
y sociales de sus ciudadanos).
La suspensión de los pagos de la deuda debe ser completada por otras medidas
esenciales. He aquí algunas propuestas para el requerido debate.
PRIMERA, la exigencia de una investigación internacional sobre los activos
acumulados ilegítimamente por residentes argentinos y colocados en el extranjero
(segun el BIS, los depósitos de capitalistas argentinos en bancos de los países
más industrializados alcanzan grosso modo a 40.000 millones de dólares – ver
BIS, Quarterly Review: International Banking and Financial Market Developments
June 2001, www.bis.org). El objetivo es recuperar la máxima cantidad posible de
fondos sustraídos a la Nación.
SEGUNDA, la implantación de medidas de control sobre los movimientos de
capitales y operaciónes de cambio, afin de impedir que continúe la fuga de
capitales y para protegerse de ataques especulativos.
TERCERA, la puesta en marcha de una política fiscal redistributiva: impuesto
excepcional sobre el patrimonio del decil más rico de la población, impuestos
sobre las ganancias del capital, disminución del IVA sobre los productos y
servicios de base,...
CUARTA, derogación de los decretos y leyes que impongan una reducción de los
salarios y jubilaciones (y de otras prestaciones sociales). Defensa y refuerzo
del sistema de seguridad social. Asegurar un ingreso mínimo y garantizado para
todos los desocupados y aumentar los salarios y las jubilaciones para recrear el
poder adquisitivo es la condición básica de cualquier alternativa progresista al
curso actual. La “confianza de los consumidores” se recupera derogando la
reforma laboral y asegurando la estabilidad del empleo y no esperando el
“derrame” de los beneficios que obtengan los empresarios.
QUINTA, estatización de las empresas privatizadas indebidamente comenzando por
las correspondientes a los sectores estratégicos (energía, petróleo,
comunicaciones,...). En el plano internacional favorecer la constitución de un
frente de los países endeudados., desarrollar las complementariedades y los
intercambios Sud-Sud; oponerse de manera enérgica al ALCA; oponerse a la
ofensiva militar de los EE.UU: (bases militares, pantalla antimisiles de Bush
que intentará crear una base estratégica en el cono Sud; Plan Colombia); apoyar
las iniciativas a favor de la imposición de una tasa tipo Tobin, sobre las
transacciones financieras internacionales.
Las distintas propuestas que anteceden constituyen pistas sobre una alternativa
al modelo neoliberal. No se trata de un programa para tomar o dejar. Se trata de
mostrar que existen soluciones si se desea dar la espalda a la lógica infernal
del endeudamiento eterno y a la dependencia que cada vez más acentuada.
Eric Toussaint
Bruselas, 23 agosto de 2001
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